Que el caso de los ERE fraudulentos iba a ser uno de los ejes de la campaña de las elecciones andaluzas del próximo 25 de marzo es algo que no se le escapaba a nadie.
Pero ahora ya sabemos que el reloj procesal que ha fijado la juez instructora va a marcar definitivamente el arranque y el final de este proceso.
Mercedes Alaya ha citado a declarar al principal imputado en la causa, el exdirector general Javier Guerrero, el próximo 7 de marzo, dos días antes del inicio de la campaña.
Como se prevé que será una declaración extensa, la juez ya advierte en su último auto que la declaración de Guerrero podrá continuar el 8 de marzo, es decir, justo en la víspera de la campaña que puede cambiar el rumbo de la historia política de Andalucía con la llegada al poder, por primera vez, del PP. Casi más llamativa es la fecha de la declaración del chófer de Guerrero (quien dijo que parte del dinero de los ERE lo gastaron él y su jefe en cocaína y fiestas) para el 20 de marzo, a solo cinco días de las elecciones.
Todo apunta a que esta declaración, como la anterior, escandalizará a todos porque pondrá de nuevo en primer plano la utilización abusiva que se hizo de fondos públicos en la Consejería de Empleo durante años.Y la declaración del chófer en víspera electoral es más llamativa por el hecho de que está imputado en la causa desde hace apenas dos semanas, cuando hay otros implicados en el caso que llevan meses esperando cita para declarar en el juzgado.
Es el caso, por ejemplo, del exconsejero Antonio Fernández, que está imputado desde marzo de 2011 y, casi un año después, todavía no tiene fecha asignada para declarar ante Alaya.¿Casualidad? Cuesta creerlo.
En noviembre del año pasado, el compañero de EL PAÍS especializado en temas de tribunales José Yoldi escribía un interesante artículo sobre la decisión de una juez de Lugo de enviar al Supremo un caso que afectaba al exministro José Blanco en víspera de la campaña de las generales.Yoldi decía: “Verán, desde las primeras elecciones democráticas, cada vez que España entraba en periodo electoral, ya fueran comicios generales, municipales, autonómicos o europeos, los tribunales, desde el Supremo y el Constitucional hasta el último juzgado del último pueblo, entraban en una burbuja de neutralidad, que consistía en aparcar todos los procesos que pudieran tener el menor tinte político -salvo los relativos a la Ley de Partidos y la lucha antiterrorista- hasta que se hubieran celebrado las elecciones.
Obviamente, este comportamiento no estaba reflejado en ninguna norma de obligado cumplimiento, ni figuraba por escrito en ningún manual de buenas prácticas, pero tanto los partidos como los magistrados entendían que era una buena costumbre o tradición, que favorecía la convivencia y que, al remarcar la neutralidad política, destacaba la independencia del Poder Judicial”.
La juez Alaya está haciendo una minuciosa investigación sobre una trama fraudulenta en el corazón de la Junta de Andalucía, pero el reloj procesal que ha acompasado al ritmo electoral (algo que ya ocurrió en las elecciones municipales y generales del año pasado) hace suscitar sospechas innecesarias y que podía haber evitado.
Pero ahora ya sabemos que el reloj procesal que ha fijado la juez instructora va a marcar definitivamente el arranque y el final de este proceso.
Mercedes Alaya ha citado a declarar al principal imputado en la causa, el exdirector general Javier Guerrero, el próximo 7 de marzo, dos días antes del inicio de la campaña.
Como se prevé que será una declaración extensa, la juez ya advierte en su último auto que la declaración de Guerrero podrá continuar el 8 de marzo, es decir, justo en la víspera de la campaña que puede cambiar el rumbo de la historia política de Andalucía con la llegada al poder, por primera vez, del PP. Casi más llamativa es la fecha de la declaración del chófer de Guerrero (quien dijo que parte del dinero de los ERE lo gastaron él y su jefe en cocaína y fiestas) para el 20 de marzo, a solo cinco días de las elecciones.
Todo apunta a que esta declaración, como la anterior, escandalizará a todos porque pondrá de nuevo en primer plano la utilización abusiva que se hizo de fondos públicos en la Consejería de Empleo durante años.Y la declaración del chófer en víspera electoral es más llamativa por el hecho de que está imputado en la causa desde hace apenas dos semanas, cuando hay otros implicados en el caso que llevan meses esperando cita para declarar en el juzgado.
Es el caso, por ejemplo, del exconsejero Antonio Fernández, que está imputado desde marzo de 2011 y, casi un año después, todavía no tiene fecha asignada para declarar ante Alaya.¿Casualidad? Cuesta creerlo.
En noviembre del año pasado, el compañero de EL PAÍS especializado en temas de tribunales José Yoldi escribía un interesante artículo sobre la decisión de una juez de Lugo de enviar al Supremo un caso que afectaba al exministro José Blanco en víspera de la campaña de las generales.Yoldi decía: “Verán, desde las primeras elecciones democráticas, cada vez que España entraba en periodo electoral, ya fueran comicios generales, municipales, autonómicos o europeos, los tribunales, desde el Supremo y el Constitucional hasta el último juzgado del último pueblo, entraban en una burbuja de neutralidad, que consistía en aparcar todos los procesos que pudieran tener el menor tinte político -salvo los relativos a la Ley de Partidos y la lucha antiterrorista- hasta que se hubieran celebrado las elecciones.
Obviamente, este comportamiento no estaba reflejado en ninguna norma de obligado cumplimiento, ni figuraba por escrito en ningún manual de buenas prácticas, pero tanto los partidos como los magistrados entendían que era una buena costumbre o tradición, que favorecía la convivencia y que, al remarcar la neutralidad política, destacaba la independencia del Poder Judicial”.
La juez Alaya está haciendo una minuciosa investigación sobre una trama fraudulenta en el corazón de la Junta de Andalucía, pero el reloj procesal que ha acompasado al ritmo electoral (algo que ya ocurrió en las elecciones municipales y generales del año pasado) hace suscitar sospechas innecesarias y que podía haber evitado.
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